Opinión

La evaluación: una necesidad en el ámbito de las políticas de discapacidad

Por Jorge Calero, profesor de economía de la Universidad de Barcelona

30/05/2013

En España se evalúa poco y frecuentemente no se evalúa bien. Es una afirmación que, tras años de ser escuchada, sigue siendo cierta. Incluso, cada vez es más cierta. La brecha entre las prácticas evaluativas en otros países europeos y las aplicadas en España se ha ido ampliando: los avances sostenidos y las mejoras metodológicas que encontramos en otros países se ven replicados, aquí, con unas prácticas a menudo titubeantes, poco decididas y escasas de medios.

Con frecuencia estas prácticas son planteadas en términos de “cumplimiento” de imposiciones externas derivadas, por ejemplo, de la financiación proveniente de las instituciones europeas.

La falta de una “cultura de evaluación” es uno de los déficits más importantes, a mi juicio, en las políticas del estado del bienestar en España. Un déficit que se convierte en más preocupante si consideramos específicamente el ámbito de las políticas relacionadas con la discapacidad, donde es extraordinariamente importante “acertar” con las intervenciones, conseguir unos objetivos deseados de los que dependen, quizás más que en ningún otro terreno, las vidas de las personas afectadas. Un déficit que, también, resulta más problemático en el contexto actual, que desgraciadamente no parece pasajero, de fuertes restricciones presupuestarias. Siempre, cada euro tiene que ser bien gastado; cuando de ese euro dependen las condiciones de vida (presentes y futuras) de personas con discapacidad y la financiación escasea, ese euro tiene que ser especialmente bien gastado, no nos podemos permitir malos diseños, una mala identificación de la población objetivo, que los recursos no lleguen a ésta o que los recursos no tengan el efecto deseado. Por extremo que parezca no conviene negar la evidencia: el dinero gastado en no pocas intervenciones, también en el ámbito de la discapacidad, ha tenido efectos nulos o prácticamente nulos, defraudando adicionalmente muchas expectativas. La evaluación es un proceso costoso, pero cuando sus costes se comparan con los riesgos que entraña no evaluar empiezan a resultar suficientemente claras sus ventajas.

Próximamente aparecerá una nueva publicación del CERMI, titulada Guía para la evaluación de programas y políticas públicas de discapacidad, en la que se recogen los resultados de un trabajo impulsado conjuntamente por la Fundación ONCE y el CERMI. Con esta publicación se pretende dar un impulso a la evaluación de las intervenciones en el ámbito de la discapacidad en España y sentar las bases para desarrollos ulteriores en este campo. El texto ha sido realizado por un equipo con experiencia en el terreno de la evaluación de intervenciones sociales y educativas y se ha enfocado con la voluntad de ser una primera aproximación a la evaluación para lectores interesados en las políticas y programas focalizados en la población con discapacidad. El texto plantea diferentes alternativas para evaluar las intervenciones, con lo que pretenden ser ejemplos amenos siempre enfocados al ámbito de la discapacidad. Se abordan las intervenciones previas a la intervención, las que tienen lugar durante la intervención, y las aplicadas con posterioridad a ella. No sólo se tratan las intervenciones que suponen un gasto, sino también aquellas que se circunscriben al ámbito de la regulación.

Se ha prestado especial atención, durante todo el texto, a proponer metodologías especialmente “a medida” de las prácticas y necesidades propias del ámbito de la discapacidad. Se ha considerado particularmente importante, en este sentido, tener siempre en cuenta tres elementos. En primer lugar, la necesidad de concreción y realismo en los objetivos estratégicos de las intervenciones orientadas a la discapacidad; el hecho de que las necesidades asociadas a la discapacidad suelen ser importantes provoca, en ocasiones, que se pretenda con un único programa abarcar un exceso de objetivos. En segundo lugar, la necesidad de un enfoque basado en la persona. Las personas con discapacidad constituyen la población objetivo de una diversidad de intervenciones, que pueden llegar a solaparse. El criterio de complementariedad, por tanto, es fundamental a la hora de diseñar y evaluarlas. Finalmente, como tercer elemento, la necesidad de dar protagonismo, tanto en el diseño y ejecución de las intervenciones como en sus evaluaciones, al movimiento asociativo. Las propias personas con discapacidad y sus organizaciones son esenciales en el proceso de reforzar la efectividad de las intervenciones, hecho por el que los criterios de participación y transparencia tienen un especial relieve en este ámbito.

Quisiera animarles, con estas líneas, a que consulten el texto y que consideren en qué medida puede serles de ayuda para comprender y/o mejorar las intervenciones en las que participan, ya sea como impulsores, como gestores o simplemente como receptores.